En un decisivo y turbulento capítulo para la salud colombiana, el Congreso de la República rechazó la ambiciosa reforma sanitaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, marcando así la derrota política más significativa del actual mandato. La Comisión Séptima del Senado decidió, con una mayoría de nueve votos a favor y cinco en contra, archivar el proyecto que pretendía una profunda transformación del sistema de salud del país, desplazando el modelo de aseguramiento privado vigente desde 1993 por uno con mayor participación estatal.
Este revés legislativo se produce en un momento crítico, justo después de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud a dos de las principales EPS del país, Sanitas y Nueva EPS, evidenciando la fragilidad financiera del sistema. Esta situación resalta la urgencia de repensar el modelo de salud colombiano, no solo desde la perspectiva gubernamental sino también en el marco de la sostenibilidad financiera y la eficiencia en la prestación de servicios.
La propuesta gubernamental buscaba eliminar la intermediación de las EPS, argumentando que el sistema actual favorece el lucro sobre el derecho fundamental a la salud, con el Estado asumiendo un rol garante del acceso universal. Sin embargo, la oposición en el Congreso, fortalecida por los recientes eventos y el financiamiento de campañas por parte de grupos vinculados a las EPS, presentó una resistencia insuperable. Los defensores de la reforma argumentaron sobre la necesidad de mejorar la cobertura y la calidad del servicio, especialmente para los más desfavorecidos, mientras que los detractores alertaron sobre los riesgos de una transformación tan profunda sin un claro entendimiento de sus implicaciones financieras y operativas.
Este complejo escenario se ve agravado por la revelación de un sistema de salud con una estructura financiera al borde del colapso. El informe de la Contraloría General de la República y el análisis de la Superintendencia Nacional de Salud delinean un panorama donde las deudas acumuladas, el déficit en las reservas técnicas y el sobregasto de las EPS configuran una tormenta perfecta, amenazando la viabilidad del sistema.
Mientras el gobierno señala hacia un proceso constituyente como posible salida a este impasse, la sociedad colombiana observa con preocupación la parálisis en un tema de vital importancia. El fracaso de esta reforma no solo evidencia las profundas divisiones políticas y los intereses entrelazados entre el poder y el sector salud, sino que también deja en evidencia la urgente necesidad de un diálogo constructivo y soluciones concretas para evitar el colapso del sistema.
En medio de esta encrucijada, la población colombiana espera respuestas y acciones que aseguren su derecho a la salud, mientras el sistema pende de un hilo tanto financiera como políticamente. La reforma a la salud, más allá de ser una cuestión de legislación, se convierte en un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta la sociedad colombiana en su conjunto, llamando a una reflexión profunda sobre los valores que rigen el cuidado de la salud en el país.
Imagen tomada de el periodico el Colombiano