La Contralora Departamental del Tolima, Carolina Giraldo Velásquez, precisó que las auditorías que actualmente se adelantan en varios municipios del departamento obedecen estrictamente al Plan de Vigilancia 2025, definido desde el inicio del año, y no a situaciones extraordinarias ni a motivaciones externas.
“Queremos dejar en claro que estas auditorías son parte de nuestra hoja de ruta institucional, diseñada para garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la entidad y fortalecer el control fiscal en el territorio”, afirmó la contralora.
La declaración surge en respuesta a comentarios difundidos a través de redes sociales, en los que algunos actores han intentado dar interpretaciones equivocadas sobre el trabajo de la entidad.
Al respecto, la Contralora señaló: “Nuestro interés es que la comunidad tenga plena confianza en que cada auditoría se realiza con criterios técnicos, objetivos y transparentes, siempre en función del cuidado de los recursos públicos”.
En esta línea, el órgano de control fiscal informó que se instalaron auditorías de cumplimiento en los municipios de Coyaima y Carmen de Apicalá, correspondientes a la revisión de los procesos contractuales de la vigencia 2024.
Estas auditorías, de carácter posterior y selectivo, permiten a los equipos de auditores ampliar el alcance de la revisión, si es necesario, hasta cinco vigencias anteriores o hasta el presente, siempre bajo autorización de sus supervisores.
“Seguimos avanzando con total rigor técnico y transparencia en la ejecución del Plan de Vigilancia 2025. Cada auditoría es un ejercicio de responsabilidad que busca generar confianza ciudadana en la gestión de lo público”, puntualizó Giraldo Velásquez.
¿Qué es una auditoría de cumplimiento?
De acuerdo con la Ley 42 de 1993 (sobre la organización del control fiscal en Colombia) y la Resolución Orgánica 7434 de 2013 de la Contraloría General de la República, la auditoría de cumplimiento es un proceso de control fiscal que tiene como propósito verificar si los sujetos de control —en este caso, entidades territoriales o municipales— han dado cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que rigen su gestión.
En este tipo de auditorías se evalúan aspectos como:
La legalidad de la contratación pública, es decir, que los procesos se ajusten a la normatividad vigente.
La ejecución de los contratos, verificando si lo contratado se ejecutó en los términos pactados en tiempo, costo y calidad.
El uso eficiente y transparente de los recursos públicos, evitando sobrecostos, desviaciones o incumplimientos.
El cumplimiento de los principios de la función pública: moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Este mecanismo es fundamental para garantizar un control posterior y selectivo, como lo establece la Constitución, fortaleciendo la transparencia y la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos.
