La medida aplicaría para los voceros y delegados reconocidos por esas organizaciones, Todo está en un borrador de decreto que el Ejecutivo tiene para consulta pública.
A través de un decreto que está publicado para consulta pública, se abriría la puerta para que a los delegados de bandas criminales que estén en acercamientos y diálogos con la administración de Gustavo Petro se les levanten las órdenes de captura.
Con ello los representantes de estructuras como La Oficina y Los Pachelly (Medellín) o Los Shottas y Los Espartanos (Buenaventura), entre otros. Podrían moverse libremente por el territorio nacional y hasta salir del país, siempre y cuando realicen acciones que faciliten los acercamientos de paz con el Ejecutivo. Antes se permitía a delegados de organizaciones como guerrillas y disidencias, pero hasta ahora no se aplicaba con narcobandas.
Según el borrador del decreto que está publicado en la página web de la Presidencia, esos grupos son catalogados como “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
En el documento de cuatro páginas se lee textualmente que: “el Fiscal General de la Nación, actuando como autoridad competente, suspenderá de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes o voceros de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por el término solicitado por el Gobierno Nacional”.
La propuesta del Gobierno también contempla que la suspensión de órdenes de captura se dé en cualquier momento de las conversaciones o acercamientos con las bandas criminales, y no únicamente al comienzo de los diálogos.
Esta no es la primera vez que el Gobierno Petro busca que la Fiscalía suspenda órdenes de captura contra bandas criminales. Una de ellas fue la petición de levantar la persecución judicial contra miembros del Clan del Golfo.
Aún no hay pronunciamiento de la Fiscalía sobre este intento del mandatario de levantar órdenes de captura, de voceros de las bandas, pero tampoco es claro si el Ejecutivo promulgará esta norma, tal cual la plasmó en el borrador o si le hará ajustes para evitar polémicas.