Por presunta omisión para evitar el hacinamiento en centros de detención se investigará al alcalde de Ibagué y alcaldes de otros municipios.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, por una posible omisión de sus funciones, relacionadas con la atención que deben brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de sus ciudades.
En Ibagué, el órgano de control encontró un sobrecupo del 731 %, mientras que en Riohacha ese porcentaje llega al 242 %. En Cali el hacinamiento llega al 477 % y en Valledupar esa cifra llega al 930 % en una de las estaciones de Policía de la ciudad.
Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades.
Con relación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, el órgano de abrió investigación al evidenciar que al 8 de marzo pasado los centros de detención transitorios registraban una ocupación de 512 PPL (personas privadas de la libertad) con un nivel de hacinamiento del 731 %, ya que la capacidad máxima de esos establecimientos es de 70 personas.
Con la apertura de las investigaciones, la Procuraduría busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros.