La gobernadora advirtió sobre graves impactos ambientales, sociales y de seguridad en municipios como Ataco, Planadas y Chaparral.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que organizaciones criminales están detrás del negocio de la minería ilegal que se ha expandido en el sur del departamento, especialmente en los municipios de Ataco, Planadas y Chaparral.
En entrevista concedida a Noticias Caracol, la mandataria afirmó que estas estructuras estarían cobrando entre $5 y $7 millones por el ingreso de cada retroexcavadora a la zona.
“Lo que está sucediendo en Ataco, Planadas y Chaparral, a futuro, va a tener consecuencias que son incalculables”, expresó Matiz al referirse a los impactos ambientales, económicos y sociales derivados de esta práctica.
Daño ambiental en riberas de tres ríos
Según la gobernadora, al menos 14 hectáreas de bosque ubicadas sobre las riberas de los ríos Atá, Saldaña y Amoyá han resultado afectadas por la intervención con maquinaria pesada.
Matiz también indicó que, entre 2024, 2025 y lo corrido de 2026, habrían llegado cerca de 5.000 personas provenientes de otros departamentos para desarrollar actividades de minería ilegal en Ataco. De acuerdo con la mandataria, detrás de esta dinámica existirían economías criminales que estarían generando afectaciones no solo ambientales, sino también en materia de seguridad y convivencia.
La gobernadora sostuvo que, además de estructuras criminales, disidencias de las FARC estarían beneficiándose económicamente de esta actividad ilícita mediante cobros por el ingreso de maquinaria.
Salida parcial de maquinaria tras anuncios del Gobierno
Matiz reconoció que, luego de los recientes anuncios del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, algunas retroexcavadoras han comenzado a salir del lecho de los ríos y varias personas han retornado a sus departamentos de origen. No obstante, advirtió que la problemática persiste.
Entre las preocupaciones señaladas por la mandataria se encuentran la pérdida de capa vegetal, la contaminación de fuentes hídricas y el fortalecimiento de economías ilegales. También mencionó problemáticas sociales como consumo de drogas, explotación sexual y presencia de menores en los asentamientos improvisados donde permanecen algunos trabajadores.
Protección a mineros ancestrales
La gobernadora afirmó que, paralelamente, se están adelantando acciones desde el Ministerio de Ambiente y la autoridad ambiental regional, Cortolima, con el fin de proteger a los mineros artesanales y ancestrales que históricamente han ejercido esta actividad en el sur del Tolima y que, según indicó, también se han visto afectados por la llegada masiva de personas y por presuntas presiones de estructuras criminales.
Informes de inteligencia, según lo señalado por la mandataria, indicarían que a la región han llegado personas provenientes de Antioquia, Chocó y Cauca, y que en algunos campamentos se han detectado problemáticas asociadas al consumo de alcohol y sustancias ilícitas.
“Es supremamente preocupante lo que está sucediendo en esta región. A futuro vamos a tener consecuencias que son incalculables”, concluyó la gobernadora.
