Colombia enfrenta hoy un enemigo tan devastador como los cultivos de coca y los grupos ilegales, con una capacidad de destruir territorios enteros y tentáculos dentro y fuera del país: otra economía ilegal, igual o incluso más devastadora, avanzaba sin pausa, con mucha destrucción y ruido: la minería ilegal, especialmente de oro.
Amparada esta en el crimen organizado internacional. Minería ilegal que en el Tolima es impulsada por disidencias de las FARC y otras estructuras criminales organizadas, que encontraron en el oro un negocio tan rentable como letal, que arrasa con el ambiente, con la vida comunitaria, la seguridad y con cualquier posibilidad de desarrollo sostenible.
Ataco es hoy el símbolo más doloroso de esa nefasta transformación. Siempre fue un municipio de tardes apacibles y de un momento a otro se convirtió en escenario de inseguridad permanente, de maquinaria pesada y de una población flotante numerosa que alteró la armonía social. Sin duda, no es progreso, es una ruptura del tejido social producto de economías ilícitas.
Y no es solo el Tolima; las cifras nacionales son campanazos de alerta. Solo en el primer semestre de 2025, el Ministerio de Defensa reportó 3.923 minas ilegales intervenidas, un 21,9 % más que en el mismo periodo de 2024. En la última década, 5.247 minas han sido objeto de intervención, con 2024 como el año de mayor actividad operativa; por lo tanto, estas cifras no hablan de éxito, hablan de la dimensión del problema.
La magnitud del fenómeno supera cualquier lectura optimista, porque el verdadero problema es que la minería ilegal se consolida como una economía criminal de gran escala: financia grupos armados, lava dinero, compra maquinaria millonaria, recluta mano de obra, arrasa con los ecosistemas ambientales y afecta gravemente a los mineros formales, artesanales y ancestrales, quienes han vivido históricamente de este oficio y hoy se ven atropellados por estructuras armadas que no reconocen normas ni límites.
Y para colmo de males, el alto precio internacional del oro desató un apetito desbordado, con efectos de tsunami sobre los territorios. De hecho, expertos llegan desde otros lugares, contratados por estos grupos ilegales, para asesorar técnicamente la instalación de verdaderos complejos extractivos, como sucede en el sur del Tolima y seguramente en otras partes de Colombia.
Pero en el caso específico del sur del Tolima, en enero pasado fue intervenida y destruida una mina ilegal en Chaparral, sobre el río Saldaña, que operaba con siete retroexcavadoras avaluadas en 5.700 millones de pesos y generaba más de 4.000 millones de pesos mensuales para las disidencias de las FARC. Día y noche, sin permisos ambientales, vertiendo mercurio, cianuro y combustibles en fuentes hídricas que abastecen acueductos comunitarios y riegan cultivos. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegó hasta allí semejante maquinaria?, ¿por cuántos controles pasó?, ¿cuántos silencios la hicieron posible?
Chaparral no es un caso aislado. Más de 300 retroexcavadoras operan ilegalmente en el sur del Tolima, afectando los ríos Amoyá y Saldaña, así como decenas de quebradas, dejando a su paso un territorio devastado y una población expuesta.
Por supuesto que esto no es minería artesanal ni trabajo informal. Es crimen organizado y así debe enfrentarse.
El golpe de la última semana confirma eso. En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. fueron intervenidas ocho unidades de producción minera ilegal. Se inutilizaron siete retroexcavadoras, una planta eléctrica industrial y tres motores industriales, y se logró cesar el vertimiento de mercurio en fuentes hídricas estratégicas para el abastecimiento de agua y la producción agropecuaria.
La magnitud del daño ambiental aún no ha podido ser cuantificada en su totalidad, pero sabemos que es inmenso. Solo en el último año, la minería ilegal ha acabado con cerca de 14 hectáreas de bosque en esta zona del departamento.
Así las cosas, la minería ilegal dejó de ser un problema ambiental o local: es una amenaza directa a la seguridad nacional y compromete el control territorial. Por eso debe ocupar, sin dilaciones, un lugar central en la agenda política, electoral y de convivencia nacional actual. Este es un llamado respetuoso, sincero y hasta desesperado a quienes pretenden conducir los destinos del país desde el 7 de agosto próximo. Colombia merece conocer sus propuestas para enfrentar esta amenaza a la vida de los habitantes y la naturaleza de los territorios del país, porque este no es un tema menor.
No podemos dilatar más la discusión ni cerrar los ojos ante lo evidente. Se requiere una estrategia integral y permanente. Desde el Tolima estamos actuando con decisión, pero esta ofensiva no puede ser fragmentada ni temporal. Este es el momento de actuar con firmeza, sin tregua y sin ambigüedades. Estamos ante una nueva fiebre maldita de oro.
Gobernadora del Tolima.
