La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció la implementación de un mecanismo que le permitirá comprar tierras rurales a entidades financieras para destinarlas a familias campesinas y comunidades étnicas, como parte del fortalecimiento de la Reforma Agraria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida se activa tras la entrada en vigencia del Decreto 033 de 2025, que reglamenta la Ley 160 de 1994, una norma que durante más de tres décadas no había sido aplicada y que otorga a la ANT el derecho preferente de compra sobre predios rurales actualmente en poder de bancos y otras instituciones financieras.
Primera opción de compra para el Estado
De acuerdo con la normativa, las entidades financieras deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras sobre los predios rurales que hayan recibido como dación en pago, por liquidación de créditos hipotecarios o mediante sentencias judiciales. Esta información permitirá a la ANT evaluar los terrenos y definir si ejerce su derecho de compra antes de que sean ofrecidos a terceros.
Asimismo, el decreto establece que propietarios de tierras y ganaderos que deseen vender predios ubicados en zonas priorizadas para la Reforma Agraria deberán notificar primero a la ANT, que tendrá un plazo de 15 días para decidir si adquiere los terrenos.
Reforma Agraria y acceso equitativo a la tierra
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, explicó que esta decisión marca un avance clave en la política de redistribución de la tierra en Colombia.
“Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, hoy podemos implementarla. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia tenga la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”, afirmó.
Una vez identificados los predios, la ANT adelantará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales y, de ser viables, formulará ofertas formales de compra, con el fin de garantizar que las tierras adquiridas tengan vocación productiva y cumplan con los objetivos de la Reforma Agraria.
Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca democratizar el acceso a la tierra, fortalecer el desarrollo rural y saldar una deuda histórica con el campesinado y las comunidades étnicas del país.
