La polémica decisión de arrestar a la alcaldesa de Ibagué, por un proceso judicial que se arrastra desde 2001, ha encendido las alarmas sobre la capacidad de respuesta legal del gobierno municipal.
Aunque la mandataria ha avanzado en el cumplimiento de la orden judicial —con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos y más de 150 viviendas en ejecución para las familias de Hato de la Virgen—, la justicia impuso una sanción que muchos consideran excesiva.
La Procuraduría Judicial ya pidió revocar la medida, argumentando que no guarda proporción con los esfuerzos que ha adelantado la Alcaldía. Sin embargo, más allá del debate sobre la proporcionalidad del fallo, lo que queda al desnudo es la fragilidad del aparato jurídico municipal. Un proceso que llevaba más de dos décadas pudo haberse defendido con mejores estrategias, pero la respuesta legal ha sido, por decir lo menos, ineficaz.
Hoy, mientras la gestión muestra resultados concretos, la falta de una defensa firme pone en riesgo la reputación de la alcaldesa y de su administración. Incluso se murmura sobre posibles presiones indebidas al Tribunal Administrativo del Tolima, una situación que, de confirmarse, sería gravísima.
El mensaje es claro: no basta con hacer las cosas bien en la ejecución, también hay que saber defenderlas. La ciudad necesita una oficina jurídica que esté a la altura de los desafíos, que actúe con prontitud y estrategia. Ibagué no puede seguir perdiendo terreno por errores que no están en la calle, sino en los escritorios.