En una declaración que ya genera eco internacional, el presidente Gustavo Petro anunció que llevará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una denuncia formal contra el Estado colombiano por el presunto incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
Según el mandatario, el país estaría violando un compromiso de Estado que, bajo una declaración unilateral, fue elevado a conocimiento del organismo internacional.
Petro se presenta como jefe de Estado y denunciante, alegando que el acuerdo no solo ha sido saboteado por fuerzas internas, sino que ha sido víctima del abandono institucional. Para él, la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, y la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros puntos, han quedado a medio camino. Además, señala que grupos armados con vínculos internacionales y capacidades de corrupción habrían saboteado los esfuerzos de paz desde dentro.
Pero, ¿qué significa esta movida para Colombia y su imagen ante el mundo?
Desde una mirada crítica, hay que reconocer que Petro no habla al vacío. Diversos informes de verificación del acuerdo, incluyendo los de la ONU y organismos civiles, han señalado retrasos preocupantes en la implementación, especialmente en lo relacionado con la reforma rural y la protección de excombatientes. Sin embargo, lo que resulta inusual es que sea el propio presidente quien acuse al Estado que él representa ante una instancia internacional. ¿Se está juzgando a sí mismo?
En lo interno, esta postura puede interpretarse como un intento de deslindarse de la responsabilidad que le corresponde como jefe de Estado en el actual momento del proceso de paz. Recordemos que durante su mandato se han presentado avances, pero también retrocesos: diálogos fallidos con grupos armados, recrudecimiento de la violencia en algunas regiones, y un ambiente político polarizado que ha dificultado la ejecución del plan de “paz total”.
Ir a la ONU en estos términos podría ser, sí, una forma de internacionalizar el debate sobre la paz en Colombia. Pero también podría ser una jugada política para marcar distancia con gobiernos anteriores y buscar respaldo externo en un momento en que el panorama nacional se vuelve cada vez más exigente.
La pregunta que queda en el aire es: ¿será esta denuncia un acto de coherencia ética en favor de la verdad y la justicia, o una estrategia política que busca reposicionar la narrativa del Gobierno ante el incumplimiento de metas internas?
Lo cierto es que, de nuevo, el proceso de paz colombiano queda expuesto ante la comunidad internacional, con sus logros, sus deudas… y sus contradicciones.