Redacción Especial – 9 de abril de 2025
En medio del actual clima político y de seguridad que atraviesa Ecuador, el caso del misionero Víctor Gallo ha captado la atención nacional e internacional. Gallo, un misionero evangélico de origen extranjero radicado en Ecuador desde hace varios años, ha sido recientemente acusado por autoridades ecuatorianas de presunto narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. Las imputaciones se relacionan con una pista aérea construida por su misión en una zona selvática del país, la cual, según el religioso, fue edificada con fines humanitarios para alcanzar comunidades indígenas aisladas.
La pista, según documentación proporcionada por Gallo y testimonios de vecinos y colaboradores, fue construida hace aproximadamente dos años tras adquirir una propiedad legalmente y gestionar los permisos correspondientes con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). “Nos visitaron en dos ocasiones arquitectos de la DGAC y hasta el subgobernador de la provincia estuvo presente. Todo se realizó con transparencia”, expresó el misionero en un comunicado a través de redes de iglesias evangélicas de la región.
La sorpresa y consternación llegaron el pasado 3 de abril, cuando personal militar y policial ingresó a la propiedad con una orden de allanamiento para destruir la pista, bajo el argumento de que era clandestina y estaba siendo utilizada supuestamente para actividades ilícitas. Las autoridades judiciales han señalado que existían “rumores” de que avionetas aterrizaban allí con fines delictivos, aunque hasta el momento no se ha presentado evidencia material que sustente estas acusaciones.
De hecho, según Gallo, la pista no ha sido usada aún: la avioneta destinada para el proyecto está en proceso de importación y no ha tocado suelo ecuatoriano. Además, la misión acababa de inaugurar una casa hogar en la propiedad para servir a poblaciones vulnerables de la zona, un proyecto que forma parte del enfoque integral de atención social y espiritual de su equipo.
“La realidad es que no hemos violado ninguna ley. Todo lo que hemos hecho es servir a las comunidades que el Estado aún no alcanza. Nos duele que ahora nos acusen injustamente”, declaró el piloto y colaborador de Gallo, identificado como “Hno Cris”, quien ha estado tramitando legalmente el ingreso de la avioneta a Ecuador.
El contexto nacional agrava la situación. Ecuador vive una coyuntura electoral tensa y una política de “mano dura” contra el narcotráfico que, según abogados consultados por la defensa, podría estar incentivando la persecución de ciertos casos para mostrar resultados rápidos. “Tememos que se esté utilizando al Pastor Gallo como un chivo expiatorio para alimentar la narrativa de combate al crimen, justo en medio de una campaña electoral”, señala uno de los juristas que acompaña el proceso.
El caso genera preocupación entre organizaciones religiosas y de derechos humanos, que han pedido garantías de debido proceso, objetividad en la investigación y respeto a la presunción de inocencia. Varios pastores y misiones de distintos países han emitido comunicados en respaldo a Gallo, destacando su labor comunitaria y su transparencia financiera.
A la espera de que los hechos sean esclarecidos y se demuestre su inocencia, Víctor Gallo ha hecho un llamado a la oración y a la calma. “Nos sentimos tranquilos en el Señor. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz y que este doloroso momento será una oportunidad para que se reconozca el valor del trabajo misionero en regiones olvidadas”, concluyó el misionero en una carta enviada a su red de apoyo.
La historia aún se está escribiendo, pero el caso Gallo plantea interrogantes importantes sobre los límites entre la seguridad estatal, el trabajo religioso y las garantías judiciales en contextos marcados por la violencia, la desconfianza institucional y la urgencia política.