A pocos días de cumplir un año como alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda ha recibido un importante respaldo judicial que refuerza la legitimidad de su mandato.
El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones del abogado José Baruth Tafur, quien solicitaba la nulidad de su elección por una presunta inhabilidad relacionada con doble militancia política.
El abogado, cercano al sector político del ‘barretismo’, argumentaba que Aranda habría incurrido en una inhabilidad al ser designada alcaldesa encargada en 2022, en reemplazo del suspendido Andrés Hurtado, bajo la terna del Partido Conservador. Según Tafur, ese vínculo le impedía aspirar a la Alcaldía en 2023 con el aval del Centro Democrático.
El fallo: pruebas y claridad jurídica
El Tribunal desvirtuó estas acusaciones tras analizar las pruebas presentadas. Un peritaje solicitado por el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya confirmó que Aranda renunció formalmente al Partido Conservador el 28 de julio de 2022, mucho antes de postularse con el Centro Democrático.
“Resulta evidente que para el momento de su inscripción como candidata en 2023, la demandada no mantenía vínculo alguno con el Partido Conservador”, concluyó el fallo.
Incluso se comprobó que la renuncia fue enviada mediante un correo electrónico gestionado por su esposo, Juan Arturo Gutiérrez, y recibida por las autoridades del partido.
El futuro del proceso y la gestión de Aranda
Aunque el fallo favorece a la alcaldesa, el proceso aún no ha terminado. Tafur anunció que apelará la decisión ante el Consejo de Estado, que se pronunciará definitivamente en 2025.
Mientras tanto, Aranda continúa liderando la ciudad, destacándose por su enfoque en salud pública, programas sociales e infraestructura. Este fallo le otorga un respiro político en medio de las tensiones que han marcado su primer año de gestión.
Con esta decisión judicial, Aranda sigue consolidándose como una figura política clave en Ibagué, enfrentando desafíos que definirán el rumbo de la ciudad durante los próximos tres años.