En un paso clave dentro del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Sala de Reconocimiento de Verdad remitió el proceso del general en retiro Mario Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Tras su negativa a reconocer responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad. Montoya, quien comandó la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2002 y 2003, enfrenta imputaciones por al menos 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño, conocidos como “falsos positivos”.
La decisión de la Sala responde a la postura del oficial retirado de no asumir su participación en la política de conteo de cuerpos, un sistema que priorizaba “muertes en combate” como indicador de éxito militar, a costa de la población civil. Según la investigación, esta política generó un patrón criminal que incluyó el asesinato de personas vulnerables y su presentación como bajas en combate.
Pruebas contundentes y un juicio adversarial
La JEP documentó cómo Montoya, en lugar de proteger a las víctimas, presionó a sus subordinados para incrementar las bajas reportadas, incluso usando expresiones como “barriles de sangre”. Esta presión derivó en asesinatos sistemáticos en 16 municipios de Antioquia, afectando a civiles que fueron engañados, secuestrados o asesinados tras ser señalados falsamente como guerrilleros.
Montoya, quien ya había apelado sin éxito la imputación de la Sala en 2023, enfrenta ahora la posibilidad de ser acusado formalmente por la UIA ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
Implicaciones para el Caso 03
Este desarrollo marca un hito en la investigación de “falsos positivos”, en la que otros siete oficiales imputados han reconocido su responsabilidad y se preparan para la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad. Montoya se suma a los 15 comparecientes que han sido remitidos a la UIA, en un contexto donde el 88% de los miembros de la fuerza pública imputados han aceptado su participación en estos crímenes.
La JEP, que busca esclarecer los crímenes más graves del conflicto armado, ha señalado que este caso refleja una política institucional de facto contraria al Derecho Internacional Humanitario. Mientras tanto, las víctimas esperan justicia y verdad en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia.
¿Qué sigue?
El juicio adversarial determinará si Montoya es condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad. Este proceso se da en un momento crucial para la justicia transicional en Colombia, donde el reconocimiento de la verdad es el pilar para construir la reconciliación nacional.