Vuelve y juega, Gobernador del Tolima y Alcalde de Ibagué condenados a 20 días de arresto

El Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, y el Alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, fueron condenados a 20 días de arresto por el desacato de una acción de tutela.

Esta acción de tutela fue presentada el cuatro de marzo de 2022 y modificada el ocho de septiembre de 2022, el documento busca proteger los derechos de las personas privadas de la libertad en la Permanente Central de la Policía en Ibagué.

La acción de tutela ordenaba a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué: garantizar la afiliación de los internos a EPS

  • Prestar servicios de salud de manera continua
  • Entregar útiles de aseo personal y de bioseguridad
  • Adecuar espacios para la población LGBTQ
  • Dotar salas virtuales con equipos tecnológicos e internet
  • Trasladar a 49 personas cuyos derechos fueron reclamados.

Sin embargo, el juzgado determinó que las órdenes no se cumplieron y que los derechos de los reclusos en la Permanente Central seguían siendo vulnerados a pesar del proceso constitucional. Además del arresto, tanto el Gobernador como el Alcalde deberán pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes.

La condena también afecta a otros funcionarios, entre ellos a la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y comandante de la Permanente Central de la Policía, así como al doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, director de la Uspec (Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios), quienes deberán cumplir cinco días de arresto y pagar una multa de dos salarios mínimos legales vigentes.

Daniel Fernando Gutiérrez, director Nacional del Inpec, y el doctor John Fredy Rojas Sutta, director del Coiba de Picaleña, también enfrentan 10 días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes. El Director del Coiba cumplirá su arresto en las instalaciones del CTI de la Fiscalía, mientras que el coronel Gutiérrez lo hará en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Esta decisión está actualmente en consulta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, donde se decidirá si se modifica o se confirma.

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