Ante el Tribunal, la fiscalía logró condenar al exsecretario de la Asamblea por peculado culposo y al exalcalde por irregularidades en contratación.
La Fiscalía del Tolima logró una condena y una imputación de cargos por delitos contra la administración pública, por los hechos ocurridos en los municipios de Ibagué y Ortega.
El primer caso refiere a la sentencia en segunda instancia que logró una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, dándole a Julio César Góngora (quien para la época se desempeñaba como pagador y tesorero de la Asamblea del Tolima) un año y cuatro meses de prisión.
La sala penal confirmó la condena por el delito de peculado culposo por los hechos ocurridos en el año 2011 donde giró un cheque que supuestamente se cobró pese a que se informó que no había autorización para ello, pues no había fondos.
El cheque de más de $3.000.000 fue cobrado por un tercero. A inicios del año 2012 la contadora de la corporación notó el faltante por lo que, al consultar con el banco, le informaron que efectivamente había sido pagado a una persona que lo presentó con la firma del entonces presidente de la Asamblea de la época, posteriormente afirmando que su firma había sido falsificada.
Por otra parte, fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Óscar Roberto Neira Martínez, quien fue alcalde de Ortega entre los años 2012 a 2015.
Según el ente acusador, el imputado firmó el Contrato de Obra Pública Número 234, el 30 de diciembre de 2015, un día antes de entregar su mandato.
El contrato era la Construcción de la I Etapa Pos-Primaria Institución Educativa Nicolás Ramírez Alto del cielo de Ortega, con un plazo de 210 días calendario, por valor de $1.588.858.920, con la Unión Temporal Alto del Cielo 2016.
En el proceso se descubrió que, en el grupo de trabajo de la Unión Temporal, había tres ingenieros civiles a quienes ya el mandatario había otorgado contratos de obra pública, estando vigente uno de ellos, por lo que no se pudo cumplir con el objeto contratado y por ello quedó la obra inconclusa, perjudicando la población estudiantil al quedar aulas a medias, sin servicios ni pozo séptico para el drenaje de las aguas negras.